AMO A LA TIERRA

Una improvisación musical con fotografías de plantas y animales domésticos.
JAM. Zahora 28 de febrero de 2012.

Estado del Colegio Público Rural de Zahora.

P

DESVIO DEL CAUCE DEL ARROYO DE SAN AMBROSIO, ZAHORA. MUSICA DE TOLO & JAM.

Música de Tolo y JAM.

Esto pasó hace un par de inviernos, éste no ha llovido practicamente nada.

Wood sculptures & music of Jose Antonio Marmol

JAMGUEL: HARMONKAOS

Improvisación musical con imágenes made in Trafalgar. Febrero 2012.

Barbate no merece tanto paro ni tanto olvido

ESTRACTOS DE UNA CARTA DEL NOBEL DE LA PAZ ADOLFO PEREZ ESQUIVEL

PENSAMIENTOS Y ESTRACTOS DE UNA CARTA DEL NOBEL DE LA PAZ ADOLFO PEREZ ESQUIVEL AL NOBEL BARACK OBAMA

No podemos menos que mostrar nuestra Indignación  porque los paises poderosos, en nombre de la “libertad , la justicia y la democracia” fomentan las guerras y asesinan impunemente sembrando la destrucción y la muerte en el mundo, incrementando el odio de los pueblos oprimidos que son sometidos a las veleidades e intereses de las potencias dominantes a la vez que esquilman los recursos de la Tierra. 

A. P. Esquivel. Arquitecto y escritor argentino. Premio Nobel de la Paz (1980).

Tenemos un enorme montón de basura mental y emocional que atasca nuestras mentes y nos impide ver más allá de nuestros ombligos y que ni siquiera nos deja  pensar. 

Es una verdadera "enfermedad de masas" la que ha acabado con todo rasgo de humanidad; el peor de los legados que podemos dejar a las generaciones futuras es una vida falta de justicia y fraternidad y una Tierra desequilibrada donde no pueda existir la Paz. 

"Si no reaccionamos para cambiar la situación actual de la soberbia suicida a que están arrastrando a los pueblos a recovecos profundos donde muere la esperanza, será difícil salir y ver la luz; la humanidad merece un destino mejor. Sabes que la esperanza es como el loto que crece en el fango y florece en todo su esplendor mostrando su belleza".

Vivimos en un mundo sometido por el poder de la violencia colmado de atrocidades que conforman una realidad dolorosa, pero donde aun queda esperanza, "también existe la resistencia de los pueblos que no claudican frente a los poderosos".

"La Paz, es una dinámica de vida en las relaciones entre las personas y los pueblos; es un desafío a la conciencia de la humanidad, su camino es trabajoso, cotidiano y esperanzador, donde los pueblos son constructores de su propia vida y de su propia historia. La Paz no (se impone) se regala, se construye" y es algo que pasa por nosotros mismos.

BARBATE: UN AYUNTAMIENTO EN CRISIS

Imágenes de la manifestación de los trabajadores municipales de Barbate esta mañana, viernes 24 de febrero de 2012. El Ayuntamiento les adeuda ya cinco pagas y pico. La situación es crítica para muchos trabajadores y sus familias que tienen que acudir al "banco de alimentos" para poder comer...

Las imágenes de la fachada ... pueden dar una idea del abandono que puede existir por parte de la administración local.

Barbate necesita soluciones urgentes ¡YA!

Manifestación de los empleados municipales de Barbate

Imágenes de la manifestación de los empleados municipales. Barbate 24 de febrero de 2012

SOBRE EL DECRETO DE REGULARIZACIÓN DE “VIVIENDAS ILEGALES” EN BARBATE

SOBRE EL DECRETO DE REGULARIZACIÓN DE “VIVIENDAS ILEGALES”  EN BARBATE

Algunas personas nos preguntan  sobre los decretos de “regularización de viviendas ilegales” que aprobaron el pasado año el Ayuntamiento de Barbate y este año La Junta.

El Decreto que La Junta de Andalucía ha aprobado recientemente “DECRETO POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DE LAS EDIFICACIONES Y ASENTAMIENTOS EXISTENTES EN SUELO NO URBANIZABLE EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA” (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Boja nº 19 de 30/01/2012)  que entra en vigor un mes después de su publicación en su boletín oficial podríamos decir que es más o menos el mismo que aprobó el Ayuntamiento de Barbate y del que ya informamos a l@s soci@s, aunque parece que establece algunas diferencias, aparte de que hace extensible a toda Andalucía unas Ordenanzas Municipales que permiten “regularizar” (que no “legalizar”, esto depende del PGOU)  las edificaciones construidas sin licencias declarándolas en situación de “ASIMILACIÓN AL RÉGIMEN LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN” (Art. 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía).

El Decreto, independientemente del PGOU, permitirá regular las edificaciones construidas sin licencias declarándolas en situación de “ASIMILACIÓN AL RÉGIMEN LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN” (Art. 53 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

Según el Decreto del Ayuntamiento, los propietarios podrán solicitar la “legalización” de sus viviendas presentando la documentación requerida. La resolución favorable permitirá la obtención de Licencias de Ocupación y de Utilización así como la inscripción en el Registro de la Propiedad (escritura pública de obra nueva), entre otras ventajas, permitirá a los que no lo tienen tener acceso al servicio de luz eléctrica y en su momento a la red de saneamiento y agua potable. El coste de esta legalización será aprox. un 4,00%  del importe total de la obra, según el precio básico unitario/metro cuadrado, que varía según la tipología de la construcción, más el importe de la documentación técnica que se requiere.

Según el Decreto de La Junta, existen edificaciones en diferentes situaciones por su origen, ubicación,uso,etc, y el Decreto diferencia básicamente las edificaciones por su forma de implantación (aisladas, asentamientos urbanísticos, habitat rural diseminado) y por su adecuación o no a las determinaciones establecidas por el ordenamiento territorial y
urbanístico.

Entre las edificaciones disconformes, pueden distinguirse además
diferentes situaciones: las edificaciones que se construyeron conformes el
régimen jurídico existente en su momento y las que una norma sobrevenida los ha
dejado fuera de ordenación, y las edificaciones que se han construido el margen
de lo legalidad, para las que la Ley establece la necesidad de restituir le
realidad física alterada, si bien cuando ya no se puedan adoptar medidas de
protección y restauración de la legalidad, por haber transcurrido mas de cuatro años desde la finalización de su construcción, plazo establecido
en el Articulo 185.1 de le Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, estas edificaciones quedan en situación de asimilación
al régimen de fuera de ordenación (no se aplicará a las edificaciones construidas en un parque natural, en suelo no urbanizable de protección especial, de dominio público o su zona de servidumbre (construcciones que están en suelos inundables, junto a los ríos o  arroyos o en los 100 metros de Costa)”.

Estas Ordenanzas (Ayuntamiento) por lo tanto sólo “servirán para las edificaciones que se han ejecutado en contra de la ordenación urbanística vigente en suelos urbanizable y no urbanizable finalizadas hace más de cuatro años, sobre las que ya ha prescrito la acción de restauración del orden jurídico infringido y no se aplicará a las edificaciones construidas en un parque natural, en suelo no urbanizable de protección especial, de dominio público o su zona de servidumbre”( Las medidas de restauración de la legalidad no prescriben en ningún caso cuando edificaciones se ubican en suelos protegidos o afectados por riesgos naturales).

En relación con esto último y, a pesar de ello, (de ser cierta la información que nos llega por parte de algunos propios vecinos de Zahora) parece que el Ayuntamiento (a través de la empresa contratada, “Vivir en el campo”) podría haber permitido que alguna o algunas edificaciones construidas en parcelas ubicadas en este tipo de zonas se hubiesen acogido a esta ordenanza (¿junto al Arroyo de San Ambrosio, en zona de Protección de servidumbre de Costa?), de ser cierto, el propio Ayuntamiento estaría contraviniendo esta normativa.

Algunas personas preguntan si es conveniente hacer esto; ¿quién nos garantiza la utilidad de esta nueva situación?, ¿cuál es el destino de los fondos?, etc;

Hay opiniones para todos los gustos, algunos han comentado que la puesta en marcha de esta ordenanza da un montón de "cante" en cuanto a que parece “una medida recaudatoria, electoralista, etc”. Además está el modo como en Barbate se llevó a cabo la contratación de la citada empresa “Vivir en el campo” para encargarse de este trabajo (“la fecha de creación de esta empresa sólo un día antes de su contratación, incluso el nombre …, ”).

Nos preguntamos ¿cuánto se lleva esta empresa por el trabajo que hace para el Ayuntamiento? Extraoficialmente (empleados del propio Ayuntamiento) nos han comentado que esta empresa se podría estar llevando un 20 o 25 % de lo que se recauda. Sea la cantidad que sea, es un dinero que se podrían estar ahorrando los contribuyentes que se acogen a esta norma si fuesen los propios técnicos del Ayuntamiento los que realizasen este trabajo (lo mismo sucedería con la redacción del PGOU), cosa que, por otra parte, sería lo más lógico y razonable dada la situación de penuria económica que atraviesa el municipio y concretamente el Ayuntamiento de Barbate.

Ya hace un tiempo que informamos de la Ordenanza o Decreto del Ayuntamiento: “quién lo creyera oportuno podría solicitar la “legalización” de su vivienda presentando la documentación requerida, y su resolución favorable permitiría la obtención de Licencias de Ocupación y de Utilización (Ahora, según el Decreto de La Junta, “El reconocimiento por el Ayuntamiento de que la edificación se encuentra en la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación se produce por la emisión de la resolución correspondiente, siguiendo el procedimiento que se establece en este Decreto. Para acceder a este régimen se requiere, además, que la edificación pueda ser usada, por reunir las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad adecuadas para el uso al que se destina y aunque para este tipo de edificaciones no procede conceder licencia de ocupación o utilización dado su carácter ilegal, el Decreto establece que en la propia resolución se especifique de forma expresa el reconocimiento de que la edificación puede ser usada”) y la inscripción en el Registro de la Propiedad (escritura pública de obra nueva), permitirá tener acceso al servicio de luz eléctrica (siempre y cuando el propio vecino costee la instalación necesaria) y, cuando lo hubiera, a la red de saneamiento y agua potable.

El coste de esta legalización será aprox. un 4,00%  del importe total de la obra, según el precio básico unitario/metro cuadrado, que varía según la tipología de la construcción, más el importe de la documentación técnica que se requiere. Aparte la obtención de la citada licencia está suponiendo (según nos han informado algunos vecinos de Zahora que se han acogido a esta norma) nada menos que unos “mil trescientos euros”, que han tenido que pagar por adelantado.

Esta Ordenanza (según el decreto del Ayuntamiento), sólo “servirá para las edificaciones que se han ejecutado en contra de la ordenación urbanística vigente en suelos urbanizable (¿?) y no urbanizable (...parece que con el Decreto de La Junta ya sólo se podrían acoger las viviendas que estan fuera de ordenación en suelo no urbanizable que cumplan los requisitos) finalizadas hace más de cuatro años, sobre las que ya ha prescrito la acción de restauración del orden jurídico infringido (es decir ¿que no tienen abierto ningún expediente de Disciplina Urbanística?) y no se aplicará a las edificaciones construidas en un parque natural, en suelo no urbanizable de protección especial, de dominio público o su zona de servidumbre (como son las construcciones que están en suelos inundables, junto a los ríos o  arroyos o en los 100 metros de Costa)”.

Hemos de reseñar que acogerse a esta ordenanza supone pagar por adelantado al Aytº ( y a la citada empresa) unas cantidades que forman parte de los costes que obligatoriamente se tienen que pagar para la legalización de las edificaciones cuando se aprueba definitivamente y entra en vigor el PGOU (así se recoge en la Memoria de la Aprobación Provisional del  PGOU de Barbate). 

Estas cantidades, que son sólo una parte de los costes totales de legalización que se lleva a cabo sólo a través de la Aprobación definitiva del PGOU; el 4% del valor de las obras, más los gastos técnicos, más después la licencia, ya muchos de nosotros, ciudadanos de a pie, no podríamos pagarla fácilmente ya que oscila entre dos, tres, cuatro mil euros o más para una vivienda normal, dependiendo de su tamaño, o de si son varias viviendas, y puede llegar a sobrepasar los 70 mil euros en el caso de algunos de los establecimientos medianos, negocios u hostales, que hay en la zona, sólo por conseguir una licencia de apertura que ya deberían tener hace veinte o más años que llevan funcionando.

La ordenanza no acarrea una especial ventaja a la mayoría de los vecinos de Zahora que digamos hace ya tiempo que se encuentran en una situación de reconocimiento, entre otras cosas, porque hace mas de quince años que sus edificaciones están incluidas en el Plan de Urbanismo Vigente de Barbate, que hace mucho tiempo que disponen de la luz eléctrica y otros servicios (el tendido eléctrico y los transformadores lo costearon los propios vecinos de Zahora, en el año 76).

La mayoría de las viviendas de Zahora, seguramente más de la mitad de las existentes, las incluidas en el Plan vigente desde 1996 así como todas las existentes construidas hasta agosto del año 2000 que se firmó el Convenio entre la Avv “Costa de a Luz” con el Ayuntamiento (que no están en suelo protegido), ya deberían estar legalizadas hace tiempo.

Además la mayor parte de las viviendas y negocios existentes en Zahora son “alegales”, algunas viviendas vienen de generación en generación y otras tienen más de 40, 30, 20 o 10 años, pero la inmensa mayoría de las casi 900 que hay en Zahora, hace más de cuatro años que fueron terminadas y no tienen abierto expedientes disciplinarios,  por lo que no pueden ser demolidas ni sancionadas y de alguna manera tienen que ser reconocidas.  Por lo tanto todas estas viviendas y negocios ya deberían haber estado legalizados definitivamente si no hubiese sido por la inoperancia del Ayuntamiento de Barbate que nunca cumplió con su obligación de llevar a cabo el Plan de Urbanismo Vigente. 

Hay que añadir que buena parte de los vecinos y propietarios de Zahora y Los Caños pagan el I.B.I. además de otros Impuestos y Tasas municipales: tasas de vehículos, por abrir nuevos negocios, chiringuitos, kioscos y puestos de temporada, etc., además los comerciantes de la zona pagan todas sus tasas: basura, aparcamiento, licencias de apertura-aunque no la tengan- etc.

En relación con todo esto, hay que señalar que para el Ayuntamiento de Barbate parece que los “zahoreños” no contamos y que no tenemos derechos a servicios ni a mejoras, puesto que nada de todo lo se recauda en Zahora se reinvierte en la zona, y no nos referimos sólo a lo que se recauda con esta nueva ordenanza, sino también al resto de tasas anteriormente citadas, más las multas por infracciones urbanísticas, los I.C.O., etc.

El Ayuntamiento de Barbate siempre nos dice que no tiene dinero para llevar a cabo cualquier mejora que se necesita en Zahora... sin embargo, mientras tanto, y refiriéndonos sólo al caso concreto de la red de agua potable, hace casi siete años que se instalaron en la zona las tuberías de la red general, alejándolas de Zahora, contraviniendo el Proyecto Original por “simple y pura” decisión de los organismos administrativos competentes que, quizás más para favorecer las pretensiones del Ayuntamiento y grandes promotores, las dispuso para abastecer a "los futuros hoteles en Trafalgar".

Hoteles que a fecha de hoy aún no se han llevado a cabo, mientras LA POBLACIÓN Y EL COLEGIO DE ZAHORA SIGUEN SIN RED DE ABASTECIMIENTODE AGUA, SIN UN COLEGIO DIGNO, SIN UN MÍNIMO CONSULTORIO DE ATENCIÓN SANITARIA, ETC. Esto sucede también porque el propio gobierno local de Barbate con el Alcalde Rafael Quirós (PSOE) al frente, el pasado año decidiera que este servicio público era (mejor) prioritario llevarlo, antes que al colegio, hasta una zona de apartamentos de Los Caños y, para ello, empleó una cantidad procedente de los fondos públicos del Estado.

Así, mientras que los habitantes de Zahora y Los Caños a día de hoy  permanecemos sin este y sin otros servicios públicos que son básicos e indispensables para el normal funcionamiento de nuestra población, nuestros gobernantes locales -y autonómicos- han eludido cualquier tipo de responsabilidad en el devenir de esta problemática situación. (Hoy mismo hemos recibido la notificación del Defensor del Pueblo que ha admitido a trámite la Queja que por este asunto del Agua ha presentado la Avv “Costa de la Luz”).

Una y otra vez los responsables políticos competentes en estas materias se han dedicado a revisar y modificar las normativas existentes para intentar controlar esta difícil situación que siempre se les ha escapado de las manos, pero parece que son más bien fórmulas para intentar “recaudar” sin aportar soluciones a cambio, y, como creemos que está pasando con esta ordenanza, parece que es el único modo legal que puedan tener los habitantes de zonas “urbanísticamente problemáticas” como Zahora para tener acceso a los posibles servicios públicos y un cierto reconocimiento jurídico.

Esta ordenanza supone un “reconocimiento” de las edificaciones pero no su “legalización” dado que esto depende de la aprobación, entrada en vigor y ejecución del nuevo Plan de Urbanismo, del famoso PGOU de Barbate, cosa que en Zahora puede tardar algunos años más ya que, aunque el Plan de Barbate se aprobase definitivamente mañana, en lo que se refiere a Zahora, sólo se contemplan las directrices generales vinculantes para llevar a cabo un Plan Especial y la delimitación de su perímetro, contando con que además no existe acuerdo entre el Ayuntamiento y los vecinos que han presentado numerosas alegaciones mostrando su disconformidad con dicha planificación, entre otras cuestiones porque el Plan de Urbanismo es arbitrario, insostenible e irrealizable, supone un trato discriminatorio a los habitantes de Zahora y Los Caños y contempla unos costes urbanísticos muy elevados, imposibles de pagar por la mayoría de los vecinos de Zahora, de Barbate o de cualquier municipio (en los que precisamente se incluye ese 4% del valor de las construcciones que ahora se pretende cobrar por adelantado con esta nueva ordenanza aprobada por el Ayuntamiento y, ahora, de La Junta).

Por lo tanto, mientras no se apruebe definitivamente el Plan Especial de Zahora, cosa que esperemos se haga de forma consensuada con los vecinos para que sea lo más respetuoso posible con las construcciones, con las propiedades de los vecinos y con el entorno y, al mismo tiempo, lo menos costoso posible, creemos que esta ordenanza, en principio es sobre todo beneficiosa para el propio Ayuntamiento como fuente de recaudación a la vez que le permitirá ejercer un mayor conocimiento de la situación y control de la zona y, en parte o puntualmente, para aquellos vecinos que necesiten acceder a algún servicio como la luz eléctrica o para algún caso concreto en los que se quiera constatar la seguridad jurídica de la correspondiente vivienda o establecimiento.

Creemos que acogerse a esta nueva ordenanza no supone especial beneficio para el conjunto o la mayor parte de los vecinos, especialmente para los que ya llevamos viviendo aquí muchos años o los que llevan toda su vida, en una zona consolidada de Zahora, que desde hace tiempo ya contamos con los (pocos) servicios existentes. En estos casos, la ordenanza sólo aportaría un cierto reconocimiento de los inmuebles y un control más explícito por parte del Ayuntamiento, que por otro lado, por la consolidación y antigüedad de las viviendas entendemos que ya se tiene.

En cualquier caso las cantidades recaudadas con esta ordenanza deberían destinarse a mejoras de dotaciones y servicios públicos en la zona repercutiendo así en el bienestar y en la mejora de calidad de vida de los afectados en general. En relación con esto creemos que podrían estar produciéndose ciertas irregularidades, no entendiéndose tampoco por qué el Ayuntamiento contrató a la citada empresa foránea, “Vivir en el campo”  para desempeñar estos menesteres que muy bien pueden realizar los técnicos municipales.

Hacer también una mención a los, como los llaman en Cádiz, "asusta viejas" que de algún modo quieren aprovechar la ocasión para sacar partido de todo este asunto engañando a la gente, porque es una situación propensa para meterle más miedo de la cuenta y ocasionarle excesivas preocupaciones diciéndole: “esto es mejor hacerlo cuanto antes”, … luego será más caro, … si no lo haces ahora luego te pondrán una multa porque será  obligatorio hacerlo,  y bla bla bla...).

En resumen, hay que esperar a que entre en vigor el Decreto de La Junta y conocer su posible obligatoriedad, cómo se va gestionar y cómo se va hacer efectiva la aplicación de la nueva ordenanza de forma oficial y generalizada por parte del Ayuntamiento, no estaría de más informarse bien de todo este asunto antes de tomar decisiones, ya que, en cualquier caso, son muchos los técnicos y empresas que podrían llevar a cabo este proceso técnico que se requiere para acogerse a la ordenanza.

Para cualquier consulta u otra información que podamos darle: www. avvzahora.com / tf. 618383575 o pueden dirigirse directamente al propio Ayto. de Barbate.

Acompaño a continuación un artículo sacado de Internet sobre este Decreto de la Junta

Firmado: José Antonio Mármol Román

Presidente de la Asociación de Vecinos “Costa de la Luz”

RESUMEN DE NORMAS.-

 Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Joaquín Delgado Ramos, Registrador de Santa Fé (Granada) y Notario excedente

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2012/19/d/3.html

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Boletín número 19 de 30/01/2012. Entrada en vigor: al mes de su publicación.

El Decreto diferencia las situaciones en las que se encuentran las edificaciones tanto por su forma de implantación (aisladas, asentamientos urbanísticos, hábitat rural diseminado) como por su adecuación o no a las determinaciones establecidas por la ordenación territorial y urbanística. Partiendo de esta distinción y tomando como referencia el marco normativo de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, establece las normas sustantivas y de procedimiento aplicables para cada una de estas situaciones.

En el Capítulo I se define el término edificación a los efectos de este Decreto, y se especifican las distintas situaciones en las que se pueden encontrar las edificaciones según su forma de ubicación en el suelo no urbanizable.

En el Capítulo II se clasifican las edificaciones aisladas según su situación jurídica y se regula su régimen urbanístico en función de dicha situación, según sean o no conformes con la ordenación territorial y urbanística vigente. Entre las edificaciones disconformes con esta ordenación, pueden distinguirse además diferentes situaciones: las edificaciones que se construyeron conforme al régimen jurídico existente en su momento, a las que una norma sobrevenida ha dejado fuera de ordenación, y las edificaciones que se han construido al margen de la legalidad. Para esta últimas la Ley establece la necesidad de restituir la realidad física alterada, siempre que no haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Si este plazo ha transcurrido, estas edificaciones quedan en la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación previsto por la Disposición adicional primera de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre y desarrollado por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo.

El reconocimiento por el Ayuntamiento de que la edificación se encuentra en la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación se produce por la emisión de la resolución correspondiente, siguiendo el procedimiento que se establece en este Decreto. Para acceder a este régimen se requiere, además, que la edificación pueda ser usada, por reunir las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad adecuadas para el uso al que se destina y aunque para este tipo de edificaciones no procede conceder licencia de ocupación o utilización dado su carácter ilegal, el Decreto establece que en la propia resolución se especifique de forma expresa el reconocimiento de que la edificación puede ser usada.

Es relevante el tratamiento que se regula en el Decreto para las edificaciones antiguas, en las que se incluyen las terminadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Se determina esta fecha por ser esta Ley la que estableció el régimen de licencia para las edificaciones en suelo no urbanizable que persiste en la actualidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El régimen de estas viviendas, cuando no tengan licencia urbanística, se asimilará al de las edificaciones con licencia urbanística, siempre que sigan manteniendo en la actualidad el uso y las características de tipología que tenían a la entrada en vigor de la Ley citada y no se encuentren en situación legal de ruina urbanística, debiendo los propietarios solicitar al Ayuntamiento la acreditación de su situación. Se pretende con ello la clarificación de la situación jurídica de todas las edificaciones existentes en suelo no urbanizable.

El Capítulo III regula los requisitos y procedimientos que faciliten la integración en la ordenación de los Planes Generales de Ordenación Urbanística de los asentamientos urbanísticos que sean conformes con el modelo territorial y urbanístico establecido en los mismos.

El Capítulo IV desarrolla las normas de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, sobre los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.

Su disposición final primera incluye una modificación parcial del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que clarifica el régimen registral de las obras antiguas, distinguiendo según hayan sido ya inscritas, o estén sin inscribir.

En las disposiciones transitorias segunda y tercera se especifica que en tanto se produzca la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística del respectivo municipio, no procederá el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación a las edificaciones ubicadas en los asentamientos urbanísticos; así mismo, en los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado, a las edificaciones les será de aplicación el régimen de las edificaciones aisladas.

La disposición final primera incorpora un nuevo artículo al Reglamento de Disciplina Urbanística relativo a los Planes Municipales de Inspección Urbanística con la intención de armonizar su documentación; se modifica también la redacción del artículo 53 de ese Reglamento al objeto de adaptar su contenido a lo dispuesto en este Decreto y se añade una nueva Disposición transitoria consecuencia de la promulgación del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio.-

COMENTARIO JDR: En la reforma que efectúa del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, se clarifica el régimen relativo a la inscripción registral de obras antiguas, partiendo de la exigencia de la ley de suelo estatal, reformada por RDL 8/2011, de que se precisa declaración administrativa del régimen de (asimilado a) fuera de ordenación. 

Para ello distingue el RDU dos supuestos:

a.- OBRAS ANTIGUAS INSCRITAS ANTES DEL RDL 8/2011: La administración deberá instar a posteriori la constancia registral del contenido concreto del régimen de asimilado a fuera de ordenación

«Disposición transitoria tercera. Acceso al Registro de la Propiedad de edificaciones en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación con anterioridad al Real Decreto-Ley 8/2011 de 1 de julio.

En el caso de que una edificación declarada en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación hubiera accedido al Registro de la Propiedad con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, sin mención expresa de las condiciones derivadas de este régimen, la Administración competente deberá instar dicha constancia en la forma y a los efectos previstos en la legislación notarial y registral correspondiente.» 

b.- INSCRIPCIÓN DE OBRAS ANTIGUAS tras el RDL 8/2011: Para inscribirlas, se exige aportar declaración municipal de asimilación a fuera de ordenación, la cual sólo se puede obtener si la edificación puede ser usada.

«Artículo 53. Declaración en situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación. (…)

“4. El reconocimiento particularizado de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación respecto de instalaciones, construcciones o edificaciones terminadas se acordará por el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, previo informe jurídico y técnico de los servicios administrativos correspondientes.

La resolución que ponga fin a este procedimiento deberá identificar suficientemente la instalación, construcción o edificaciónafectada, indicando el número de finca registral si estuviera inscrita en el Registro de la Propiedad, y su localización geográfica mediante referencia catastral o, en su defecto, mediante cartografía oficial georreferenciada; igualmente habrá de acreditar la fecha de terminación de la instalación, construcción o edificación, así como su aptitud para el uso al que se destina.

Una vez otorgado el reconocimiento, podrán autorizase las obras de reparación y conservación que exija el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble.

5. Conforme a la legislación notarial y registral en la materia, la resolución de reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación será necesaria, en todo caso, para la inscripción de la edificación en el Registro de la Propiedad, en la que se deberá indicar expresamente el régimen jurídico aplicable a este tipo de edificaciones, reflejando las condiciones a las que se sujetan la misma.”

Los vecinos de Zahora exigen su participación en el proceso del PGOU de Barbate

CONCENTRACIÓN DE PROTESTA DE VECINOS DE ZAHORA Y CAÑOS DE MECA. AGOSTO 2006

El Pais. Hemeroteca 

Los vecinos exigen su participación en el proceso

P. E. Cádiz 13 OCT 2007

La asociación de vecinos Costa de la Luz, presidida por José Antonio Mármol, sigue atentamente las intenciones de regularizar la situación de las 800 viviendas y negocios existentes en Zahora, la pedanía barbateña donde el Ayuntamiento tiene previsto iniciar sus planes de legalización. Son propietarios que exigen participar activamente en este proceso. "Nos hemos reunido con el alcalde para comenzar a hablar de lo que se va a hacer, pero todavía hay muchas cosas que mirar", afirma el presidente de la asociación vecinal.

Entre estas cuestiones, miran desconfiados la catalogación del suelo que van a recibir las parcelas donde están sus casas. También están preocupados por el diseño de los viales y carriles que ordenarán esta zona. "Tenemos que mirar por nuestros derechos", explica Mármol.

El cambio de gobierno en el Ayuntamiento, que ha pasado de alcalde del Partido Popular a alcalde socialista, ha sido bien recibido por el colectivo vecinal. Con el anterior equipo municipal, las conversaciones no habían llegado a buen término y se habían estancado. "El nuevo alcalde viene con buenos ánimos", cree el presidente vecinal.

Entre otras demandas, los miembros de la asociación han pedido una red de suministro eléctrico sin deficiencias, mejoras en el tráfico para evitar atascos, el abastecimiento y saneamiento de agua y un servicio de autobuses continuado para sus desplazamientos. "Esto es un pueblo donde llevamos viviendo más de 20 años. Muchas de estas peticiones ya se podían haber realizado sin necesidad a esperar a la legalización de las casas", considera Mármol.

La Fiscalía censura el plan de Barbate para regularizar 1.000 viviendas ilegales

Obras Públicas ampara la legitimidad de los ayuntamientos para ordenar sus territorios

PEDRO ESPINOSA Cádiz 13 OCT 2007

La Junta de Andalucía, en cambio, defiende la legalidad de estas actuaciones siempre que estén amparadas en revisiones de planes generales o sigan las directrices de planes supramunicipales, como ocurre en Barbate o en la bahía gaditana.

Chiclana es la localidad donde más avanzados están sus planes de legalizar casas. Su intención es poder normalizar la situación de 15.000 viviendas que se han construido en los últimos años en zonas donde no podía hacerse y, además, sin permiso ninguno. Unos planes que también existen en otros municipios cercanos como Puerto Real y El Puerto de Santa María, también en la bahía de Cádiz, o en Barbate, donde su ayuntamiento ha programado regularizar mil edificaciones. Para ello se cambiará el uso de suelo rústico a urbano no consolidado.

Ángel Núñez, en su última memoria anual había alertado de la permisividad municipal. A su juicio, "regularizar casas ilegales acaba con la esencia del urbanismo" y contribuye al efecto llamada. También advertía de que los propietarios de estas construcciones acaban convirtiéndose en grupos de presión a los ayuntamientos para exigir servicios e infraestructuras.

En esta línea, Rodríguez León también cuestiona las intenciones municipales. "El hecho de que modifiquen el destino de un suelo para intentar legalizar construcciones ilegales desde un punto de vista político podrá estar amparado, pero desde el punto de vista legal no quiere decir que deje de ser constitutivo de delito. Lo que no pueden modificar es el Código Penal", sostiene. Por eso añade que estos planes son "un fraude de ley". El fiscal se muestra preocupado de la generalización de esta práctica. "Me parecería fuera de lugar que la solución sea permitir construcciones ilegales y después legalizarlas".

Rodríguez León también explica que contra estos planes se pueda actuar "en la vía de lo contencioso y en la vía penal", aunque aclara que la Fiscalía de Medio Ambiente no intervendrá de oficio. Confía en que todos los trámites que se realicen cumplan con la legislación, de ahí que dé importancia al papel de las comisiones provinciales de Urbanismo. "Las soluciones pueden ser puntuales pero la regla general no puede ser 'construye donde quieras que después se legaliza' porque entonces las normas no sirven para nada".

El delegado de Obras Públicas en Cádiz, Pablo Lorenzo, defendió la legalidad de la regularización de viviendas. Recordó que el Plan de Ordenación del Territorio de la bahía de Cádiz incluye que hay que dotar de servicios a aquellas zonas donde proliferen viviendas ilegales. A ello se han acogido municipios como Chiclana, El Puerto de Santa María o Puerto Real. "Esos asentamientos son una realidad y hay que darles una solución que ese plan de ordenación ya contempló.

También defiende la regularización que se va a iniciar en Barbate, aunque no esté dentro del documento de la bahía gaditana. "Aquí el proceso elegido es la revisión de su plan general. Se pueden incorporar esos asentamientos al suelo urbano respetando la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Plan del Ordenación del territorio de Andalucía".

ENTREVISTA:RAFAEL QUIRÓS | ALCALDE DE BARBATE

"Lo que está hecho no lo podemos tirar"

P. E. Cádiz 13 OCT 2007

El alcalde de Barbate, Rafael Quirós ( PSOE), ha heredado del antiguo gobierno, formado por PP y PA, numerosos problemas. El principal: unas deudas millonarias que le frenan la solución de los retos más urgentes. Algunos de ellos tienen que ver con la proliferación de viviendas ilegales en las pedanías de Zahora o San Ambrosio. Sus vecinos y hosteleros exigen servicios e infraestructuras para las que necesita dinero.

Pregunta. ¿Qué planes tiene para resolver el problema de las viviendas ilegales?

Respuesta. Yo nunca digo ilegales. Las llamo irregulares. Vamos a sacar el avance del plan para que esos suelos [que son rústicos] sean urbanos o no consolidados. Una vez tengamos eso, abriremos una oficina de regularización por sectores como se ha hecho en Chiclana. Allí hay 15.000 viviendas y nosotros sólo tenemos mil.

P. ¿Debe el Ayuntamiento dar respuesta a todas las exigencias de esos vecinos?

R. En Zahora, por ejemplo, ya hay servicio de basuras. También electricidad, aunque con algunos cortes. El problema más grave es el abastecimiento de agua. Hay que hacer una red y saneamiento para todas las viviendas. No podemos dejar ninguna fuera. Es como hacer un pueblo de la nada. También proyectamos una depuradora porque es una zona sensible al estar entre un parque natural y la playa.

P. ¿Quién tiene que pagarlo?

R. El Ayuntamiento hace de agente urbanizador. Eso vale dinero. El abastecimiento y el saneamiento sale entre 15 y 20 millones de euros. Los vecinos participarán. Ellos quieren pagar pero hay que hacer un plan y para ello estimamos un plazo de tres o cuatro años.

P. Pero fueron viviendas y negocios que se levantaron en una zona no permitida y sin licencia. ¿Qué mensaje se le da al resto de la ciudadanía?

R. Mire, Zahora es ya un pueblo. El mensaje es claro. El mensaje es que hay que regularizar. No vamos a permitir que se construya más pero lo que está hecho no lo podemos tirar. No podemos derribar mil viviendas. Aquí hay gente que lleva viviendo 20 años. Los negocios pagarán sus multas y sus licencias.

P. A la Fiscalía no le gustan estos planes de regularización.

R. Lo que la Fiscalía dice es que no se puede fomentar la construcción ilegal. Nosotros en las decisiones judiciales no nos vamos a meter. En Zahora hay orden de derribo de tres bungalós. Yo me he encontrado con este problema. Pues podemos sentarnos todos y hablar. Pero el tema es claro: o lo solucionas o derribas. ¿Quién le pone el cascabel al gato? De momento, vamos a poner un colegio porque entendemos que hace falta.

P. ¿En cuánto tiempo se espera tener resuelto este problema?

R. No se puede tener prisa para arreglarlo. Recuerde que muchas casas llevan aquí 20 años. Primero hay que pararlo. Que, mientras estemos regularizando, no se siga construyendo y aparezcan 10.000 nuevas casas. Después hay que mirar con lupa los dominios públicos, las cañadas reales... Es un trabajo de chinos.

P. ¿Tiene el Ayuntamiento medios para vigilar esas construcciones irregulares?

R. Tenemos la voluntad de arreglar este problema. En Zahora no va a ser más grave porque el suelo está colmatado. La Fiscalía, Medio Ambiente, el Seprona están trabajando. Queremos que las cosas funcionen legalmente.

Un millar de viviendas ilegales

EL PAIS HEMEROTECA. P. E. Cádiz 3 NOV 2007

plan general desde 1995. No exento de polémica, ese documento se ha mostrado incapaz de dar respuesta hasta ahora a algunos de los puntos más conflictivos de la localidad, como Zahora o Caños de Meca, pedanías pendientes de la regularización de sus viviendas. El anterior equipo de gobierno, del PP, presentó un avance de un nuevo PGOU en 2004, que contó con un rechazo generalizado de vecinos, ecologistas y otras administraciones generalizadas.

Las elecciones de 2007 cambiaron el color político del Ayuntamiento. El nuevo alcalde, el socialista Rafael Quirós, quien anunció en campaña como un reto fundamental para el municipio culminar ese documento. El problema es que se ha encontrado con un enorme agujero económico en las arcas municipales que apenas le permite pagar las nóminas de sus funcionarios.

De momento, el Ayuntamiento se ha comprometido a medio plazo a crear una oficina de regularización de viviendas a través de la empresa Territorio y Ciudad que dirige el urbanista Manuel Ángel González Fustegueras. El objetivo es terminar el avance del plan y que esos suelos que son rústicos pasen a ser urbanos no consolidados. Los cálculos municipales apuntan a que existen un millar de viviendas sin legalizar.

Los vecinos han exigido su participación en la redacción de esos planes para diseñar, entre otras cosas, los viales y carriles y conseguir una mínima afección a sus casas. El alcalde ha previsto que este proceso tardará entre ocho y diez años en culminarse. El Ayuntamiento tiene intención de encargar un estudio para elegir la mejor fórmula de regularizar las viviendas. La alternativa con más opciones es la aprobación de planes especiales para esas pedanías que se incorporarán al avance del PGOU.

Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Barbate a dar infraestructuras a casas sin licencia

EL PAIS HEMEROTECA PEDRO ESPINOSA Cádiz 20 NOV 2007 - 17:14 CET

El fallo judicial estima el requerimiento de los vecinos que demandaron al Consistorio, cuando estaba gobernado por el PP, por incumplir un acuerdo escrito de incluir esta pedanía en la revisión del Plan General. Ese acuerdo no se cumplió y los vecinos presentaron un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento, que ahora se ha resuelto a su favor.

La sentencia promueve la realización de un estudio para que a esta pedanía se la "dote de la determinaciones precisas a fin de posibilitar su adecuación a la realidad actual, con respeto a las normas de calidad de vida demandadas por la población y garantizando su correcta integración urbanística en atención al entorno en el que se localiza".

Con todo, reconoce que los vecinos tendrán que pagar impuestos por estos servicios. También insta a formular y aprobar unas ordenanzas municipales de regularización urbanísticas vinculadas al proceso de revisión del plan general que facilite la legalización de las viviendas existentes. Asimismo, requiere adoptar las medidas reglamentarias necesarias para la creación de una comisión de seguimiento del convenio, que realice "la verificación de los compromisos asumidos, así como analizar las soluciones a los problemas de servicios y tráficos que afectan a los Caños [de Meca] y Zahora".

Barbate legalizará 500 casas en Zahora

EL PAIS. HEMEROTECA P. E. Cádiz 18 OCT 2008

Zahora lleva años creciendo cerca del mar. Allí se han levantado más de 500 viviendas, la mayoría ilegales porque se construyeron en una zona en la que aún hoy no se puede urbanizar. La revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Barbate (Cádiz) contempla la consolidación de esta pedanía como zona urbana. La regularización de las casas existentes se hará a través de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI). La catalogación de suelo urbanizable no programado por la de urbanizable.

El trámite aprobado en la noche de jueves en pleno municipal es un paso más en un proceso para contar con un nuevo plan general que acumula ya ocho años de trabajo. Todavía tardará alguno más en entrar en vigor. Ese esfuerzo sigue sin ser entendido por los propietarios de esas casas. La Asociación de Vecinos Costa de la Luz, que representa gran parte de sus intereses, denuncia que el documento se ha hecho a sus espaldas y que, por tanto, no ha contado con la participación ciudadana que los políticos habían anunciado. Por eso decidieron protestar en ese pleno. El alcalde, el socialista Rafael Quirós, no entienden las quejas. "Los vecinos no pueden pretender hacer el plan".

Tallas de raíz de acebuche. Zahora. JAM 2012

"Nostradamus". Talla de raíz de acebuche. JAM 2012

"Craneal" Talla de raíz de acebuche. JAM 2012

Talla de raíz de acebuche. JAM 2012

"Nostradamus". Talla de raiz de acebuche. JAM 2012

Flores de Almendro. Zahora. JAM Febrero 2012

Flores de Almendro. Zahora. JAM Febrero 2012.

Flores de almendro. Zahora. JAM Feb. 2012

Flores de almendro. Zahora. JAM, febrero 2012

ESCULTURAS MADERA JAM

Gato. Talla de eucaliptus rojo. Jam 2000

Cordura y sentido común (hemeroteca que vale para hoy)

Vivienda tradicional de habitantes autóctonos de Zahora. JAM 2006

LA VOZ DE CÁDIZ. OPINIÓN CARTAS. 14 marzo 2006

Cordura y sentido común

José Antonio Mármol Román.

 Presidente de la AVV Costa de la Luz


Le pedimos a nuestro alcalde una reflexión con cordura, sentido común y respeto, para que deje de descalificar y señalar con el dedo a un colectivo de vecinos que está trabajando para mejorar su difícil situación, llena de precariedad, por la falta de regularización que padece.

Cuando, refiriéndose a los vecinos y propietarios de viviendas de la zona, dice públicamente que «ve lógicas las sanciones porque no se cumple la ley», que «no puede hacer nada para evitarlo», que «cuando uno sólo mira lo suyo -refiriéndose a esos mismos vecinos- se olvida que detrás hay un pueblo pendiente de desarrollo», no podemos aplaudirle: nosotros formamos parte de ese pueblo pendiente de desarrollo, que necesita su atención y su ayuda, y ve que no existen unas adecuadas ordenanzas.

Rafael y otros trabajadores recolectando calabacines en un campo de cultivo en  Zahora. Foto JAM 2011.

Se firmó un convenio para que se respetase a los ciudadanos de la zona, se respetasen sus viviendas y negocios y su forma de vida, se preservara la singularidad de Zahora y se elaborasen unas ordenanzas que permitiesen la continuidad del trabajo. No creemos que tengamos que explicar(le) el gran número de ciudadanos de Barbate y de los pueblos vecinos, albañiles, electricistas, fontaneros, pintores, carpinteros, cerrajeros, cristaleros, transportistas, jardineros, etc., que trabajan alrededor de la construcción de estas viviendas y cuántas personas y familias enteras trabajan y viven del turismo que nos visita cada año en mayor número, por ser éste uno de los pocos parajes de la costa española que conserva riqueza ambiental. Estamos hablando de trabajo y de desarrollo y riqueza actual, de economía real de Barbate, de un modelo que ha ido creciendo sin cobertura legal. Hablamos del suelo y el sueldo de centenares de ciudadanos.

Por lo tanto, sólo estaremos de acuerdo con el Modelo de desarrollo del Ayuntamiento cuando éste tenga en cuenta como premisa la aceptación de esta realidad, y no podemos aceptar formas impositivas y/o aquello que pretenda recortar la calidad de vida, el medio de trabajo y lo que legítimamente hayamos adquirido los ciudadanos.

Existen decenas de miles de viviendas construidas sin licencia municipal a lo largo de todo el territorio español. Forman parte de la realidad y, afortunadamente, existen también ejemplos que regulan esa situación, reintegrándolas al funcionamiento normal de los municipios. Zahora no va a ser menos; está pendiente de esta regularización, está experimentando un gran aumento de viviendas unifamiliares durante los últimos años y el Ayuntamiento ha de elaborar una normativa que regule este flujo de crecimiento.

Por lo tanto, la Asociación de vecinos Costa de la Luz no está en contra del desarrollo turístico de Barbate, pero sí del que el equipo de gobierno propuso en el avance del Plan, porque es ilícito que se pretenda recalificar suelos rústicos y construir nuevos complejos residenciales y hoteleros mientras no se dé esa misma cobertura legal a todo lo que ya es una realidad.

El planteamiento urbanístico debe optar por un desarrollo turístico actual, más acorde con el turismo rural, que aproveche la diversidad y singularidad de sus recursos y construya una singular imagen de marca.